Por Bolpress. (Tomado de http://alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4171)
Informe íntegro sobre los hechos de violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.
En cumplimiento de su mandato, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la Oficina) ha observado la situación de los derechos humanos en relación con los graves sucesos acaecidos en el departamento de Pando, el día 11 de septiembre de 2008.
Para la elaboración del informe, se realizaron dos misiones de terreno en el departamento de Pando. Se efectuaron entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y testigos de los hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, tanto en Pando como en La Paz. La Oficina, asimismo, se entrevistó con algunos de los ex confinados por el estado de sitio y con algunas personas que se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil. La Oficina también mantuvo un diálogo regular con las autoridades nacionales y departamentales, con representantes del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil. Por último, se consultó material audiovisual y periodístico.
En el presente informe, la Oficina aborda seis puntos: i) los hechos de violencia acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre; ii) el papel desempeñado por los órganos de seguridad; iii) las obligaciones del Estado boliviano en el marco del estado de sitio; iv) la situación de seguridad y protección de testigos; v) la situación de los confinados; y vi) las investigaciones de los hechos.
Los graves sucesos de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de, al menos, 11 personas, según los datos del Ministerio Público (esto incluye a 9 campesinos y normalistas, así como a 2 partidarios de la Prefectura de Pando) y produjeron más de 50 heridos, en su mayoría campesinos. Frente a estos hechos, la Oficina considera que la masacre de campesinos y normalistas, que habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura de Pando, funcionarios del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura, constituye una grave violación a los derechos humanos.
En Tres Barracas, cerca de El Porvenir, previamente se dieron actos de agresiones mutuas entre campesinos y partidarios de la Prefectura, que resultaron en la comisión de otras serias violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la muerte de un funcionario prefectural y la retención ilegal de por lo menos seis partidarios de la Prefectura, quienes habrían sido objeto de malos tratos por parte de los campesinos y sus afines.
Por su parte, los campesinos vieron conculcados sus derechos a la integridad física y moral, de reunión y de libre circulación.
Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de todos los actores estatales y no estatales en relación con la masacre de campesinos y normalistas en El Porvenir, así como de las distintas violaciones a los derechos humanos de las que da cuenta este informe. En este sentido, el presente informe hace énfasis en la importancia de una investigación judicial seria e imparcial que, además de esclarecer los hechos, conlleve al enjuiciamiento y sanción de los responsables, así como a una justa reparación a las víctimas. Adicionalmente, este documento hace un llamado a las autoridades competentes sobre la necesidad de realizar una investigación administrativa y disciplinaria sobre el papel desempeñado por la Policía Nacional. Cabe recordar que el deber del Estado, a través de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no sólo consiste en respetar los derechos humanos, sino en protegerlos contra ataques provenientes de actores estatales y no estatales.
La Oficina da cuenta de las obligaciones del estado boliviano en el marco del estado de sitio declarado en el departamento de Pando el día 12 de septiembre y que fuera levantado el día 23 de noviembre de 2008. Si bien este informe concluye que, de forma general, dichas obligaciones fueron cumplidas de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también hace referencia a algunos excesos que se habrían cometido, especialmente respecto a la integridad física y moral, a la libertad personal, al acceso a la justicia y al debido proceso. Con respecto al cumplimiento de estándares mínimos aplicables a la detención administrativa (confinamiento) de las personas que fueron arrestadas en Pando y confinadas a La Paz, la Oficina observó que ninguno de los confinados fue presentado ante un juez conforme a la Constitución Política del Estado. La Oficina hace igualmente referencia respecto al trato digno y humano que fue otorgado a dichos detenidos.
La Oficina observa que, actualmente, la investigación sobre los hechos en el departamento de Pando está a cargo de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados con facultad de Ministerio Público. Respecto a si el procedimiento que se debe seguir para el eventual juicio penal del ex Prefecto Leopoldo Fernández, como principal imputado de los hechos acaecidos en Pando, y de los otros imputados en el caso, la Oficina considera que corresponde a las autoridades bolivianas competentes establecer si el mismo se tramita en el marco de la Ley 2445 o de la Ley 1970.
Las constataciones y recomendaciones contenidas en este informe apuntan a instar a las autoridades competentes a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. El informe de la Oficina espera contribuir también a la lucha contra la impunidad en el marco del respeto al Estado de Derecho para que tan graves hechos de violencia como los de El Porvenir no vuelvan a repetirse. Introducción
1. El presente informe de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la "Oficina") se inscribe dentro de su mandato establecido en el acuerdo aprobado el 13 de julio de 2007 por el Congreso Nacional a través de la Ley 3713. De conformidad con el Art. IV (1) del mencionado acuerdo, "la Oficina observará e informará sobre la situación de los derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades bolivianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Bolivia".
2. En cumplimiento de dicho mandato, la Oficina ha observado la situación de los derechos humanos en relación con los sucesos acaecidos en el departamento de Pando el día 11 de septiembre de 2008.
3. Para la elaboración del presente informe se realizaron dos misiones de terreno en el departamento de Pando, la primera del 18 al 20 de septiembre y la segunda del 9 al 16 de octubre. Se efectuaron entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y testigos de los hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, tanto en Pando como en la ciudad de La Paz. La Oficina, asimismo, se entrevistó con algunos de los ex confinados por el estado de sitio y con algunas personas que, luego del 11 de septiembre, se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil.
4. La Oficina también mantuvo un diálogo regular con las autoridades nacionales y departamentales, con representantes del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil. Por último, se consultó material audiovisual y periodístico.
5. La confidencialidad que rige el trabajo de la Oficina, le impide individualizar las fuentes de la información.
6. En este informe se tratan los siguientes temas: A. Los hechos de violencia acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre 2008. B. El papel desempeñado por los órganos de seguridad. C. Las obligaciones del Estado boliviano en el marco del estado de sitio. D. La situación de seguridad y protección de testigos. E. La situación de los confinados. F. Investigaciones de los hechos.
7. En el tratamiento de estos temas, la Oficina no actuó como un órgano del sistema de justicia nacional, recabando pruebas, calificando conductas y estableciendo responsabilidades penales individuales. La Oficina se limita a exponer una serie de hechos corroborados por diversas fuentes. Cuando se encontraron contradicciones, se expone más de una versión sobre un determinado incidente. En cualquier caso, es al sistema de justicia boliviano al que le corresponde, en el marco de una investigación seria e imparcial, esclarecer los hechos así como enjuiciar, sancionar a los responsables, y asegurar una justa reparación a las víctimas.
8. Las constataciones y recomendaciones contenidas en este informe apuntan a instar a las autoridades bolivianas a respetar y garantizar a todos los individuos el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Por último, el informe de la Oficina espera contribuir a la lucha contra la impunidad en el marco del respeto al estado de derecho.
A. Los hechos de violencia acaecidos en el Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre
9. Los hechos que se presentan en este acápite del informe se refieren exclusivamente a los incidentes ocurridos el 11 de septiembre en El Porvenir y sus alrededores, debido a su extrema gravedad. Esos incidentes resultaron en la muerte de 11 personas (1) y aproximadamente 50 heridos -principalmente campesinos- en El Porvenir e inmediaciones. (2)
A.1. Antecedentes
10. La histórica problemática de la tierra es uno de los factores que está en el transfondo de los graves sucesos de Pando. La limitada implementación de la Ley INRA (3), junto a la creciente presencia de ciudadanos sin tierras y los niveles altos y progresivos de pobreza rural, resultaron en que la población campesina e indígena de Pando consolidara su organización sindical, regional y departamental para hacerle frente a dichos desafíos. En ese marco, desde fines de los noventa, campesinos e indígenas del departamento han participado en diferentes movilizaciones demandando un acceso más equitativo a la tenencia y acceso a la tierra.
11. Durante 2008, los desafíos mencionados anteriormente se incorporaron a los temas en desacuerdo y a las tensiones entre el Gobierno y las prefecturas.
12. El 10 de agosto de 2008 tuvo lugar el referéndum revocatorio para Presidente, Vicepresidente y ocho de los nueve prefectos. El Presidente y el Vicepresidente fueron ratificados con el 67,4 % de los votos, así como los prefectos de Beni, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Una vez que los resultados del referéndum revocatorio se hicieron públicos, el Presidente Morales invitó a los prefectos de la oposición a discutir los temas controvertidos relacionados con la autonomía departamental y la distribución de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Luego del fracaso de estas discusiones, las prefecturas pro autonómicas, respaldadas por los movimientos cívicos locales, comenzaron a expresar duras posiciones y poner en marcha acciones de protesta contra el Gobierno, entre las que se destacan la toma del Comando Departamental de Policía en Santa Cruz el 15 de agosto y la convocatoria a un paro cívico en cuatro departamentos el 17 de agosto. Desde ese momento, miembros de los comités cívicos, funcionarios y seguidores de las mismas prefecturas departamentales protagonizaron una serie de actos violentos contra el Gobierno, bloqueando carreteras y ocupando, saqueando e incendiando oficinas e instituciones públicas. También ocuparon instalaciones hidrocarburíferas y causaron daños en la red de distribución de combustibles.
13. En el departamento de Pando, el 3 de septiembre, personas vinculadas a la prefectura y al Comité Cívico de Pando tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre otras entidades públicas nacionales con sede en Cobija. El 9 de septiembre de 2008, el entonces Prefecto de Pando posesionó como nuevo Director Departamental del INRA quien fungía como Secretario de Tierra, Territorio y Límites de la prefectura.
14. Es importante resaltar que en agosto del 2008 el INRA había finalizado el saneamiento de tierras en el departamento de Pando, previo a la distribución de las mismas. La ocupación del INRA y el subsecuente nombramiento de un nuevo Director de dicha entidad habrían generado preocupación en los beneficiarios que, después de varios años, no habían recibido aún sus títulos de propiedad agraria.
15. El 9 de septiembre la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) en Santa Cruz de la Sierra fue destruida y sus bienes y documentación quemados. El mismo día, en la localidad de Guarayos del departamento de Santa Cruz, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) fue saqueado. El 10 y 11 de septiembre la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz fue ocupada violentamente, su mobiliario destrozado y sus equipos y otros enseres destruidos y quemados. Además, la Oficina recibió denuncias sobre persecución y amenazas a la integridad física de los líderes de estas organizaciones. Mediante comunicado de prensa de fecha 11 de septiembre, la Oficina observó con preocupación el hecho de que organizaciones de indígenas y organizaciones de promoción de los derechos de campesinos y pueblos indígenas hubieran sido blanco de ataques de grupos opositores al Gobierno.
16. Los hechos de violencia del 11 de septiembre en Pando, sobre los que se da cuenta en los siguientes acápites, se desarrollaron dentro de ese clima de tensión política que reinaba en forma aguda en el oriente y sur del país y de protestas violentas promovidas por el movimiento pro autonómico.
A.2. Los incidentes en Tres Barracas
17. El 5 de septiembre, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) convocó a un ampliado campesino (4) (especie de asamblea) de emergencia a realizarse los días 13 y 14 de septiembre en su sede de Cobija, para tratar varios temas, entre otros, el análisis social de la problemática departamental, de la redistribución de tierras fiscales y de la autonomía regional e indígena.
18. Entre el 7 y 9 de septiembre, alrededor de 400 campesinos se agruparon en Puerto Rico (Pando) y Riberalta (Beni) para dirigirse al ampliado de Cobija. En el municipio de Filadelfia (Pando) también se reunieron campesinos de diferentes comunidades, aproximadamente 600, incluyendo algunos normalistas (estudiantes para maestro).
19. El grupo de campesinos proveniente del este (Puerto Rico y Riberalta) se dirigió hacia Cobija la noche del 10 de septiembre en varios vehículos y a pie. Entre los campesinos, había hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad, cuya presencia, según los campesinos, no suele ser extraña cuando acuden a estos ampliados. Según información testimonial obtenida, unos pocos de ellos habrían llevado palos y armas que utilizan para la caza.
20. Según alegaciones de partidarios de la prefectura, los campesinos se habrían dirigido a Cobija no con la intención de participar en el ampliado, sino para retomar las oficinas del INRA, ocupar la prefectura y pedir la renuncia del entonces Prefecto Leopoldo Fernández. Según personas cercanas a la prefectura, para impedir que los campesinos llegasen a Cobija, se habría instruido desde la prefectura la excavación de dos zanjas en las carreteras por las cuales transitarían los campesinos, limitando la libertad de circulación de los mismos. Entre la noche del 10 y las primeras horas del 11 de septiembre, el Servicio Departamental de Caminos de Pando (SEDCAM, dependiente de la prefectura) cavó las dos zanjas profundas, una a la altura de Tres Barracas (a 5 km de El Porvenir, carretera a Puerto Rico) y la otra en Cachuelita (a 8 km de El Porvenir, carretera a Filadelfia).
21. Alrededor de las 2:00 a.m. del 11 de septiembre, el grupo de campesinos que venía de Puerto Rico se topó con la zanja de Tres Barracas. Del otro lado de la zanja (hacia El Porvenir) se encontraba un grupo de funcionarios de la prefectura, del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y partidarios de la prefectura (5) (alrededor de 200, según los campesinos; 50, según los partidarios de la prefectura). Cerca a las 2:30 a.m., los dos grupos dialogaron y se insultaron. En ese momento los partidarios de la prefectura habrían lanzado petardos contra los campesinos. La situación se calmó mientras se esperaba que amanezca.
22. Aproximadamente a las 6:00 a.m. se reanudaron las discusiones, que terminaron nuevamente en insultos y en ataques con petardos contra los campesinos. Según estos últimos, el número de partidarios a la prefectura aumentó a más de 200 durante la noche. Se habría evidenciado que algunos de estos últimos portaban armas de fuego.
23. Hacia las 6:30 a.m., supuestamente por miedo a que la violencia recrudeciera, los campesinos habrían decidido retroceder en dirección a Puerto Rico. Según ellos, aproximadamente 200 partidarios de la prefectura cruzaron la zanja y los persiguieron. Según los partidarios de la prefectura, sólo 50 de ellos siguieron a los campesinos para "asegurarse de que no regresarían". Según la información recabada, para repeler y dispersar a los campesinos, los partidarios de la prefectura habrían utilizado gases lacrimógenos, petardos y tiros al aire.
24. Cerca de las 7:00 a.m., a unos 4 km de la zanja de Tres Barracas, en dirección a Puerto Rico, tras los continuos insultos y agresiones por parte de los partidarios de la prefectura, los campesinos (más numerosos) habrían decidido enfrentarlos. Los campesinos lograron regresar a la zanja haciendo huir a los partidarios de la prefectura por la carretera hacia El Porvenir, mientras que otros escaparon por el monte. No todos los partidarios de la prefectura lograron huir en ese momento, entre ellos, por lo menos seis personas que habrían sido retenidas, golpeadas, atadas de manos y obligadas a subir a un vehículo por los campesinos.
25. Según testimonios, los partidarios de la prefectura que intentaron escapar hacia El Porvenir se encontraron en el camino con el grupo de campesinos procedentes de Filadelfia, algunos funcionarios de su alcaldía y normalistas. Estas personas se desplazaron en vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfía. Según alegaciones y testimonios, algunos de estos campesinos y funcionarios de la Alcaldía de Filadelfía habrían llevado armas.
26. Los campesinos de Filadelfia habrían sido llamados para auxiliar a sus compañeros del este del departamento. Llegaron a la zona de Tres Barracas luego de sortear la zanja de Cachuelita, donde, según testimonios de los campesinos, ya habían tenido un incidente con funcionarios de la prefectura que les habrían disparado desde una camioneta cuando rellenaban la zanja.
27. Cuando los campesinos de Filadelfia llegaron a Tres Barracas, los partidarios de la prefectura habrían quedado flanqueados por ese grupo y por el grupo de campesinos con el que inicialmente se habían confrontado en el lugar.
28. En estas circunstancias, el señor Pedro Oshiro -funcionario de la Prefectura de Pando- fue una de las primeras víctimas fatales de los incidentes del 11 de septiembre.
29. Hay diferentes versiones sobre las circunstancias de la muerte del señor Oshiro. Según los campesinos, una vez que decidieron enfrentar a los partidarios de la prefectura y seguir su marcha hacia El Porvenir, alrededor de las 8:30 a.m. (6), habrían visto sobre la carretera el cuerpo de un hombre muerto, a unos 400 metros pasando la zanja. Sostienen que, en medio de todo el desorden, el señor Oshiro murió a raíz de un choque entre una camioneta que él conducía y una volqueta de la Prefectura de Pando.
30. Según otra versión, varios de los partidarios de la prefectura que se quedaron en la zona de la zanja fueron sorprendidos, perseguidos y algunos golpeados por los campesinos. El señor Oshiro y otros dos individuos habrían intentado escapar en una camioneta en dirección a El Porvenir, la cual habría chocado contra otra que estaba estacionada sobre la carretera. Luego, debido a disparos supuestamente atribuibles a los campesinos, el conductor y los pasajeros bajaron del vehículo para huir. Dos personas del grupo de los campesinos, que según esta versión estaban armadas, habrían atrapado al conductor y al señor Oshiro, mientras que el tercer ocupante habría logrado escapar. Se habrían unido cuatro personas más, dos de ellas con machetes, momento en el cual, una de estas seis habría disparado al señor Oshiro desde una distancia muy corta, impactando en su cabeza; éste habría caído muerto con un orificio de proyectil en el lado izquierdo de la cara.
31. Según uno de los fiscales que participó en la investigación y según el informe forense, el ingeniero Oshiro murió por un disparo en la cabeza cuando se encontraba en la carretera que conecta Puerto Rico-Tres Barracas-El Porvenir, a unos 400 metros de la zanja.
32. En los incidentes de Tres Barracas se dieron actos de agresiones mutuas entre campesinos y partidarios de la prefectura, que dejaron como resultado la muerte de un funcionario prefectural y la retención ilegal de seis partidarios de la prefectura que habrían sido objeto de malos tratos. Se dieron también varios atropellos contra los campesinos, así como restricciones a la libertad de circulación y al derecho de reunión.
33. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de todos los actores estatales y no estatales, incluyendo funcionarios y partidarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando, así como campesinos y personal de la Alcaldía de Filadelfia que pudieran estar relacionados con violaciones a los derechos a la vida, integridad física, libertad individual, libertad de circulación y libertad de reunión ocurridos en Tres Barracas.
A.3. La masacre de El Porvenir
34. De acuerdo a información obtenida, luego de los primeros hechos ocurridos en la zona de Tres Barracas, vecinos de El Porvenir y partidarios de la prefectura se fueron reuniendo alrededor de una rotonda y en inmediaciones de uno de los extremos de la cancha de El Porvenir, engrosando a un primer grupo que estuvo en vigilia desde la noche anterior. Aparentemente, más gente decidió unirse a la vigilia como consecuencia de la inminente llegada de los campesinos y los rumores sobre la muerte del señor Oshiro y la retención de algunas personas por parte de los campesinos.
35. Según testigos, una vez que los campesinos llegaron a El Porvenir, y mientras la Policía entablaba conversaciones con ambos sectores con la intención de disuadirlos de posibles enfrentamientos, habrían llegado desde Cobija volquetas de la prefectura con varias decenas de personas armadas y una camioneta, también de la prefectura, con armas, varias de ellas nuevas. Asimismo, algunos partidarios de la prefectura habrían rodeado a los campesinos, avanzando por una de las calles laterales y por detrás de donde se encontraban aquéllos.
36. Ante la insistencia de los partidarios de la prefectura de verificar si en los vehículos de los campesinos se encontraban armas y/o algunas personas retenidas en Tres Barracas, personal policial, entre ellos, el entonces Comandante Departamental y una Suboficial de El Porvenir, verificaron si esta denuncia era cierta. La primera persona retenida que fue liberada indicó que había otras en los vehículos de los campesinos. Esto habría provocado que la Policía verificara nuevamente los vehículos, lo que habría derivado en la liberación de otros cinco individuos.
37. Según alegaciones de los partidarios de la prefectura que estaban cerca de la rotonda, estos habrían solicitado en varias oportunidades intervención policial para desarmar a los campesinos. Los campesinos, por su parte, se habrían sentido engañados por la Policía puesto que, según indicaron, el Comandante Departamental les habría prometido que iban a poder pasar a Cobija, pero que tenían que esperar. Esta espera fue interpretada por los campesinos como una forma de entretenerlos mientras los partidarios de la prefectura se organizaban y los rodeaban para atacarlos.
38. Versiones coincidentes señalan que, después de ser liberado el último retenido, comenzaron los disparos, aparentemente por parte de los partidarios de la prefectura desde la calle lateral derecha donde estaban situados los campesinos. Algunos testimonios también coincidentes señalan que, momentos antes de que comenzaran los disparos, la Suboficial de Policía de El Porvenir habría hecho una señal hacia uno de los lugares donde se encontraban los partidarios de la prefectura. Inmediatamente, aquellos habrían empezado a disparar.
39. Según la información e imágenes obtenidas, los disparos masivos de los partidarios de la prefectura provocaron la dispersión de los campesinos en una precipitada huida para salvar sus vidas frente a un ataque indiscriminado con armas automáticas, rifles, escopetas, revólveres y petardos. Algunos escaparon hacia el río Tahuamanu y otros intentaron esconderse en viviendas y locales comerciales. Contra quienes cruzaron o intentaron cruzar el río a nado, se disparó indiscriminadamente. La Oficina fue informada de que algo más de 60 personas (campesinos, normalistas, mujeres e, incluso, bebés) habrían sido rescatadas del río en un bote y trasladadas a una comunidad más alejada de El Porvenir. Algunos de los campesinos también habrían trepado a los árboles buscando resguardo, pero habrían sido atacados por los partidarios de la prefectura que les dispararon.
40. Además, algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados, entre otros, el señor Bernardino Racua Cordero (7), que habría fallecido a una cuadra del Puente Cocama (El Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón y el señor Diter Tupa Maty (8), quien fue encontrado muerto en el baño de la casa donde se resguardaba. Según el informe forense, la causa de la muerte de este último fue por trauma cráneo facial producido por arma de fuego. También, según el informe forense, el señor Celedonio Vazualdo García, quien era un destacado dirigente campesino y fungía como presidente de la organización territorial de base en la comunidad Soberanía del municipio de Filadelfia, habría sido asesinado cerca del puente de Cocama por dos impactos de arma de fuego. También otras víctimas habrían sido maltratadas y golpeadas antes de ser ejecutadas. Según los informes forenses, estas personas serían el señor Félix Roca Torrez, campesino de base de la comunidad Londres (municipio de Filadelfia), y el señor Alfonso Cruz Quispe, normalista de Filadelfia.
41. Asimismo, en el material audiovisual revisado se escuchan expresiones de tinte racista contra los campesinos, como "vamos, maten a esos collas de mierda". Igualmente, se advierte que los partidarios de la prefectura dispararon, quemaron y destruyeron seis vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfia.
42. La Oficina observa la desproporcionalidad de fuerza que se utilizó para agredir a los campesinos en un ataque frontal.
43. La violencia contra los campesinos se habría extendido hasta el hospital Roberto Galindo de Cobija, donde, según testimonios coincidentes, grupos numerosos de partidarios de la prefectura habrían intentado obstaculizar el ingreso de las víctimas y las habrían amedrentado física y verbalmente, al punto de hacerlas huir sin recibir la atención requerida. El personal médico y paramédico se habría visto, en gran medida, presionado por los partidarios de la prefectura para no brindar el auxilio requerido por los campesinos.
44. Otros campesinos, entre ellos 15 (13 hombres y 2 mujeres) que se habían refugiado en una vivienda, fueron sustraídos del lugar a la fuerza, arbitrariamente aprendidos, severamente golpeados, retenidos y, luego, trasladados a la sede del Comité Cívico de Pando en Cobija donde también habrían sido brutalmente maltratados. Estos actos podrían ser considerados como tortura, ya que el dolor físico y mental y el sufrimiento habrían sido causados intencionalmente sea para obtener una confesión, con el propósito de intimidación, para coaccionar o bien con el objetivo de discriminar racialmente. Estos actos se habrían cometido por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos del SEDCAM y de la Prefectura de Pando.
45. Algunos medios de comunicación estaban presentes en la zona principal de los disturbios en El Porvenir. Según testimonios recibidos, a los periodistas de uno de los medios de comunicación se les habría dado instrucciones de no filmar a los partidarios de la prefectura que disparaban. Otros, empero, habrían filmado todos los hechos, incluyendo los actos deliberados de malos tratos infligidos a los campesinos.
46. Así también se ha informado que varios campesinos fueron obligados por partidarios de la prefectura a "confesar" ante las cámaras que habían sido mandados por autoridades o personalidades vinculadas con el Gobierno. La forma de obligarlos a confesar fue, según testimonios, con malos tratos, incluyendo disparos a las piernas o amenazas de disparos. Esas escenas de violencia, de manera intencional, no habrían sido registradas por algunos periodistas que fueron testigos de esos procedimientos. Sin embargo, las "confesiones" fueron registradas. De comprobarse, la extracción violenta de estas confesiones constituye un acto de tortura.
47. Hasta el momento y según el Ministerio Público, los incidentes de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos once personas (seis campesinos y tres normalistas: 1. Bernardino Racua Cordero, 2. Diter Tupa Maty, 3. Celedonio Basualdo García, 4. Félix Roca Torrez, 5. Wilson Richard Mejia Miahata, 6. Arnoldo Gonzales Inuma, 7. Wilson Castillo Quispe, 8. Alfonso Cruz Quispe y 9. Jhonny Cari Sarzuri; y dos partidarios de la prefectura: 10. Pedro Oshiro y 11. Alfredo Robles Céspedes) y produjeron aproximadamente 50 heridos, en su mayoría campesinos, de los cuales varios heridos por arma de fuego.
48. Frente a los hechos acaecidos en El Porvenir y en el río Tahuamanu, la Oficina considera que la masacre (9) de los campesinos y normalistas constituye una grave violación a los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando.
49. La justicia boliviana deberá esclarecer, respetando el debido proceso, el grado de responsabilidad, por acción u omisión, del ex prefecto del departamento de Pando y de los funcionarios de la prefectura y del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la prefectura que habrían tenido diferentes tipos de participación en la planificación, coordinación, ejecución y desenlace de estos graves sucesos de la masacre de El Porvenir.
50. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de estos mismos actores ante la ocurrencia de varios hechos ilícitos que también deben ser calificados y sancionados penalmente, inter alia, la privación ilegítima de libertad, los tratos crueles y posibles actos de tortura infligidos a varios campesinos, entre ellos, los 15 que luego fueron retenidos en la sede del Comité Cívico en Cobija; la violencia ejercida contra los campesinos en el hospital de Cobija; los actos de discriminación y racismo, también contra los campesinos, así como la destrucción y quema de sus vehículos.
51. De igual forma, la justicia boliviana deberá investigar y establecer el grado de responsabilidad de actores estatales y no estatales, entre ellos, funcionarios de la Alcaldía de Filadelfia y campesinos, respectivamente, que podrían estar implicados en atropellos que pudieran haber acaecido contra los partidarios de la prefectura.
52. Con relación a las alegaciones de que aproximadamente 13 campesinos muertos habrían sido transportados en una volqueta de la prefectura con destino desconocido, así como el asesinato de niños, esta Oficina no ha recibido información que pueda corroborar estas alegaciones. Sin embargo, dada la seriedad de las mismas, la Oficina recomienda a las autoridades del sistema de justicia boliviano que sean investigadas.
B. El papel desempeñado por los órganos de seguridad
53. Según información obtenida por la Oficina, el Comando Departamental de la Policía en Pando habría tenido conocimiento del arribo de campesinos con días de antelación al 11 de septiembre. La noche del 10 de septiembre, según la información recabada, el Comando Departamental habría estado informado de la excavación de las zanjas en Tres Barracas y Cachuelita y de la organización de vigilias en El Porvenir. Asimismo, habría recibido la solicitud de los partidarios de la prefectura de verificar si los campesinos estaban armados.
54. En la mañana del 11 de septiembre, alrededor de las 6:00 a.m., la Policía de Cobija se habría trasladado a El Porvenir y a Tres Barracas para inspeccionar la situación y dialogar con los partidarios de la prefectura. Luego habría retornado a Cobija desde donde continuó monitoreando la situación. 55. Por su parte, alrededor de las 8:00 a.m., la Policía de El Porvenir habría intentado llegar hasta Tres Barracas para intervenir, luego de informarse sobre enfrentamientos entre los campesinos y los partidarios de la prefectura. Según testigos, la Policía de El Porvenir sólo habría llegado hasta unos 500 metros de los enfrentamientos y habría regresado a El Porvenir contactando al Comando Departamental de la Policía en Cobija y solicitando refuerzos. Los refuerzos (un contingente de 60 a 80 policías), sólo habrían llegado a El Porvenir alrededor de las 10:00 a.m. por falta de vehículos.
56. Una vez en El Porvenir, para evitar el encuentro entre ambos bandos, el contingente de policías se ubicó en medio de los dos grupos. Durante aproximadamente dos horas, la actitud de la Policía fue de diálogo y disuasión hacia los campesinos y los partidarios de la prefectura, incluida las gestiones llevadas a cabo por agentes policiales para la liberación de los retenidos. Conforme a testimonios de ambos grupos, en ningún momento la Policía trató de desarmar a las personas que portaban armas antes de que la violencia escalara. La misma Policía habría comunicado a ambos grupos, antes de que se iniciara el ataque, que no contaba con los recursos para tomar control de la situación. Cuando comenzaron los disparos masivos por parte de los partidarios de la prefectura, los policías se replegaron luego de que uno de ellos resultara herido. Según testimonios y material audiovisual, varios campesinos buscaron refugio al lado de los policías sin haber recibido la debida protección de parte de ellos.
57. Según testimonios, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue informado la noche del 10 de septiembre sobre la posibilidad de tensiones entre grupos de campesinos y partidarios de la prefectura. También se obtuvo información sobre la realización de una reunión de emergencia (10) en las oficinas del Comando Conjunto de las FFAA en Cobija, en la mañana del 11 de septiembre, en la cual se solicitó el desplazamiento de efectivos militares a El Porvenir. No hubo intervención de las FFAA.
B.1. Consideraciones sobre la responsabilidad de la Policía
58. Al margen de la investigación penal para el esclarecimiento de los hechos, se llama la atención sobre la necesidad de considerar aspectos relacionados con el papel que desempeñaron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (11). Cabe recordar que el deber del Estado, a través de estos funcionarios, no sólo consiste en respetar los derechos humanos, sino en protegerlos y garantizarlos contra vulneraciones provenientes de actores estatales y no estatales.
59. Según los testimonios recogidos e informes de la Policía Nacional sobre el desempeño de esta última, la Oficina se pregunta si las medidas de preparación, adoptadas ante el previo conocimiento del potencial de violencia que se perfilaba, fueron las más adecuadas. Asimismo, se debería considerar si la Policía no debió haber recurrido a otros medios disuasivos legítimos más efectivos para prevenir el fatal desenlace y, para cumplir con su mandato constitucional de defender a la sociedad, conservar el orden público y preservar los derechos humanos. La función de brindar protección a todas las personas contra actos ilegales es un deber fundamental de la Policía.
60. En este orden de ideas, la responsabilidad estatal por incumplimiento de la obligación de protección de los derechos humanos (responsabilidad por omisión o por falta de diligencia debida) deberá discernirse mediante el análisis de las conductas asumidas por las autoridades policiales que tenían deberes de garantes frente a la población. En tal sentido, resulta relevante que exista una investigación administrativa y disciplinaria que ahonde respecto a las responsabilidades policiales dentro de la cadena de mando.
C. Obligaciones del Estado Boliviano en el marco del Estado de Sitio a la luz del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH)
61. Luego de sucedidos los hechos del 11 de septiembre, el Gobierno aprobó el 12 de septiembre el Decreto Supremo 29705 (DS 29705) mediante el cual declaró estado de sitio únicamente en el departamento de Pando. Conforme a ese decreto, la medida de excepción se adoptó al amparo de los Art. 111 y 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) (12).
62. Sin perjuicio del justificativo y sustento normativo nacional, esta Oficina considera necesario analizar el cumplimiento de algunas de las obligaciones estatales en relación con el estado de sitio desde la perspectiva del DIDH, concretamente en relación con los Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 27 de las Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Conforme a estos artículos, el Estado que adopta esta medida de excepción debe informar inmediatamente a los demás Estados parte, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), respectivamente, sobre las disposiciones convencionales cuya aplicación fueron suspendidas y los motivos que suscitaron tal suspensión.
